Publicado el 05/06/2025 por Administrador
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En un anuncio que remeció el escenario político y social chileno, el presidente Gabriel Boric confirmó el cierre del carácter especial del penal de Punta Peuco, el recinto donde por décadas cumplieron condena exmilitares responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. La cárcel será transformada en un penal común, marcando un quiebre con la política de privilegios que, por años, benefició a estos reos.
Punta Peuco fue inaugurado en 1995, en medio de un contexto donde la justicia comenzaba tímidamente a procesar a agentes del Estado por violaciones a los derechos humanos. La cárcel fue construida con condiciones especiales que distaban del estándar habitual del sistema penitenciario chileno: celdas individuales, baños privados, áreas comunes cómodas y trato diferenciado. Entre sus internos se contaban figuras emblemáticas del aparato represivo de la dictadura, como Manuel Contreras y Pedro Espinoza.
Durante la última Cuenta Pública del 1 de junio, Boric fue enfático: “No existen razones que justifiquen esos privilegios”. El mandatario instruyó al Ministerio de Justicia para modificar el decreto que estableció el penal como centro exclusivo para represores, y convertirlo en una cárcel común donde los internos serán redistribuidos de acuerdo a criterios técnicos definidos por Gendarmería.
La noticia generó un fuerte impacto político. Desde la izquierda, se celebró como un acto de justicia y equidad ante la ley, además de una señal potente en favor de los derechos humanos. Desde la derecha, en cambio, surgieron críticas que apuntan a una supuesta “venganza ideológica” y a la falta de infraestructura en el sistema penitenciario, que ya enfrenta problemas de hacinamiento.
Actualmente, más de 130 exmilitares cumplen condena en Punta Peuco. La mayoría supera los 80 años de edad. Muchos sectores conservadores han usado esta condición para pedir beneficios como la libertad condicional o arresto domiciliario, apelando al deterioro de salud de los condenados. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos han insistido en que los crímenes de lesa humanidad no deben quedar impunes ni recibir beneficios indebidos.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, explicó que el cambio no requiere trámite legislativo, ya que se realizará a través de la modificación de un decreto supremo. También aclaró que la medida no significa el cierre del penal, sino su transformación, lo que permitirá albergar a otro tipo de reclusos, segregados según perfiles y riesgos.
El anuncio ha sido celebrado por agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura, que por años han exigido justicia real. “Se termina con una burla al país. Por fin se empieza a tratar a estos criminales como lo que son”, señaló Alicia Lira, vocera de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
La comparación con el cierre del penal Cordillera en 2013, realizado por Sebastián Piñera, fue inevitable. Ambos recintos fueron símbolo de impunidad y privilegios, y su transformación representa un cambio cultural profundo en la forma en que Chile encara su memoria histórica.
La medida no solo busca igualar el trato penitenciario, sino enviar un mensaje claro: los crímenes cometidos por agentes del Estado no serán relativizados ni minimizados, independientemente de la edad o el rango de los responsables. El país aún tiene deudas pendientes con la verdad, la memoria y la justicia, pero decisiones como esta abren un nuevo camino hacia la reparación.
El futuro de Punta Peuco ahora dependerá de cómo se implemente esta transformación, del rol que juegue Gendarmería y de la voluntad del Estado para sostener una política penitenciaria basada en los principios de igualdad y justicia.
